Retrato de los extranjeros en situación irregular en España

Cuidan a nuestros hijos y nuestros mayores, limpian nuestras casas y oficinas, nos ponen el café y el menú del día, y trabajan subidos al andamio o agachados recogiendo lo que dan los campos e invernaderos de toda España, con pandemia o sin ella. Su aportación a la sociedad es tan fundamental como poco reconocida. Sus trabajos, tan esenciales como precarios y mal pagados. Son imprescindibles, pero malviven sin derechos por culpa de unos documentos, siempre con el miedo a ser detenidos y expulsados. Esta es la realidad de las entre 390.000 y 470.000 personas extranjeras que viven en España en situación administrativa irregular, según recoge un informe de la fundación porCausa y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). La cifra representa entre el 11 y el 13 % de los inmigrantes extracomunitarios del país y apenas alrededor del 0,8 % de la población total española.

El trabajo, el primero de este tipo desde 2006, no solo cifra el número de extranjeros residentes en España que no tienen regularizada su situación administrativa, sino que también analiza su origen, su perfil y su contribución a las arcas públicas. Y consigue demostrar, entre otras cosas, que hay muchas menos personas en situación irregular de las que nos hacen creer, que su aportación social es enorme, que el supuesto «efecto llamada» no existe y que la exclusión sale bastante más cara que la inclusión: 2.000 euros por persona es lo que le cuesta cada año de media al Estado que un inmigrante esté sin permiso de trabajo y residencia frente a los más de 3.250 euros que ganaría en contribuciones fiscales netas (aportaciones al IRPF y contribuciones sociales menos transferencias públicas recibidas) sacándolo de la clandestinidad y regularizando su situación.

«La irregularidad no solo es un error en términos éticos, sino que además es un fracaso en términos económicos. Permitir que toda la población migrante que existe en nuestro país trabaje de forma legal sería indispensable para hacer frente a la crisis económica que se avecina. Los efectos económicos que tendría un paso así serían incuestionables. Las regularizaciones siempre han sido beneficiosas económicamente para este país», asegura la directora general de porCausa, Lucila Rodríguez-Alarcón.

Es lo que ya se vio en 2005, cuando España llevó a cabo la que hasta ahora es la última regularización de trabajadores extranjeros en situación irregular. Entonces, con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, se regularizó la situación de 565.121 personas de las aproximadamente 1.250.000 que en ese momento no tenían permiso de trabajo y residencia, lo que supuso unos ingresos de al menos 114 millones de euros más al mes para las arcas del Estado. Antes de eso, hubo cinco regularizaciones de inmigrantes entre 1985 y 2005: dos durante el gobierno de Felipe González (1985 y 1991) y tres durante el de José María Aznar (1996 y dos en el año 2000). -Gráfico de porCausa-

Quiénes son

Contrariamente a lo que se suele creer, la mayoría de extranjeros en situación administrativa irregular no llegan en patera desde la frontera sur: vienen en avión desde Latinoamérica. El 77 %, o lo que es lo mismo, casi cuatro de cada cinco son latinoamericanos, principalmente de Colombia (26 %), Honduras (20 %) y Venezuela (14 %). De África apenas proceden unas 43.000 personas, el 9,2 %. De hecho, pese a los prejuicios y las suposiciones, la tasa de irregularidad del continente africano es únicamente del 4 %, tres veces más baja que la de Canadá y Estados Unidos juntas, indica el informe. Más de la mitad de esos aproximadamente 43.000 africanos que no han legalizado aún su estancia en España llegan de un solo país: Marruecos. Son muy pocas las personas de origen subsahariano en situación irregular.

Las mujeres son mayoría. Representan el 55 % de los extranjeros en esta situación. No es de extrañar. Ellas son las que cuidan y limpian, dos de los sectores que concentran mayor porcentaje de personas extranjeras en situación administrativa irregular. Los hombres se dedican sobre todo a la hostelería y la construcción. «El dato cuadra perfectamente. Las mujeres vienen a España a trabajar, a cuidar de niños o de personas mayores, muchas veces dejando a sus familias en sus países de origen. Muchas también trabajan en el sector de la hostelería», explica Lucila Rodríguez-Alarcón.

Por edades, cuatro de cada cinco inmigrantes sin permiso de trabajo y residencia tienen menos de 40 años. Siete de cada diez hombres son menores de 30 y apenas hay mayores de 40 en situación administrativa irregular. Las mujeres se sitúan principalmente entre los 20 y 30 años, y entre los 40 y 50. Por sectores, uno de cada dos trabajadores extracomunitarios desempeña una actividad considerada esencial por la Comisión Europea frente al 35 % de trabajadores con nacionalidad española que lo hacen. En la limpieza y la asistencia trabajan el 40 %; en la minería y la construcción, el 20 %; y en los cuidados personales, el 12 %. Son los tres sectores donde hay más trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular.

«Las personas que vienen de otros países a España en su gran mayoría lo hacen para trabajar. Es gente joven y dispuesta que busca oportunidades laborales, como lo hacemos las personas nacidas en España cuando nos vamos de nuestro país», aclara Rodríguez-Alarcón. Para ella, la amplificación de la migración africana y el aumento de los «discursos de odio basados en conjeturas y simplificaciones» han conseguido que las migraciones se perciban como algo «problemático y antinatural», cuando la realidad es muy distinta: «la historia de la humanidad está basada en movimientos de personas de un lado a otro y la economía de nuestro país y del resto de Europa necesita la migración para poder mantener el estado de bienestar».

La inclusión, rentable y sin «efecto llamada»

Los extranjeros en situación administrativa irregular no solo consumen muy pocos recursos públicos, sino que también están aportando a las arcas públicas a través de los impuestos indirectos que pagan al consumir productos, señala la directora de porCausa. Pero, tal y como apunta el informe, si dejaran de trabajar de forma clandestina y empezasen a pagar también impuestos directos y a cotizar a la Seguridad Social, su contribución fiscal neta sería mucho mayor y podría llegar a superar los 3.250 euros por año y persona. De hecho, la regulación de 2005 supuso un incremento medio por trabajador de unos 4.200 euros anuales, cuentan los autores.

Y algo más. Las regularizaciones no suponen ningún «efecto llamada». «No existe evidencia empírica que vincule un incremento significativo de la inmigración irregular con las medidas de amnistía administrativa. Estas medidas se producen de manera absolutamente excepcional e incorporan condiciones objetivas como el tiempo de residencia real previa, que anulan el atractivo para los recién llegados», explica el informe. La llegada de inmigrantes a España durante las dos últimas décadas se ha debido al «dinamismo de nuestra economía». Por eso mismo, «ninguna medida va a ser más eficaz a la hora de detener los flujos de inmigrantes que la certeza de una crisis económica derivada del impacto de la COVID-19».

Precisamente la irrupción del coronavirus volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de una regularización extraordinaria que evitase que esos cientos de miles de personas que carecen de permiso de trabajo y residencia quedasen en una situación de extrema vulnerabilidad y desprotección sanitaria, social y económica. La campaña #RegularizaciónYa, respaldada por más de mil colectivos, entidades y ONG del país, instaba a una regularización «urgente, amplia y extraordinaria» y países como Portugal e Italia decidieron al principio de la llegada de la pandemia a Europa formalizar en mayor o menor medida la situación administrativa de su población extranjera. «Asegurar el acceso de los ciudadanos migrantes a la salud, a la Seguridad Social, a la estabilidad en el empleo y la vivienda es un deber de una sociedad solidaria en tiempos de crisis”, llegó a decir el ministro luso de Administración Interna, Eduardo Cabrita.

España, por su parte, aprobó algunas medidas extraordinarias en materia migratoria, como la flexibilización en la contratación de temporeros o la homologación exprés de títulos para los sanitarios extranjeros que ya estaban en situación regular, pero no ha avanzado mucho más por ahora. La regulación migratoria sigue siendo, por tanto, una reclamación social por parte de muchos colectivos. Y lo es principalmente por motivos sanitarios, sociales, laborales y humanitarios. Pero también económicos.

Lucila Rodríguez-Alarcón lo tiene claro: «la regularización es indispensable para empezar de cero y crear un nuevo sistema de movilidad en Europa que nos permita afrontar la crisis económica y sanitaria». Y no solo eso. «Se haga o no la regularización, estas personas no van a desaparecer de nuestras sociedades. El dilema verdadero es perpetuar una realidad que provoca graves costes directos para los afectados, riesgos epidemiológicos y un importante coste de oportunidad para el conjunto de la sociedad o poner el contador a cero y trabajar para evitar que esta situación se repita en el futuro», concluye el informe. El debate siempre ha existido. La pandemia del coronavirus, dicen los autores, solo ha aumentado su «importancia y urgencia».

                                                                                                                            Laura Sanz-Cruzado (@laura__ese)