La lucha por la regularización de las personas migrantes no se detiene
El pasado 23 de septiembre podría haber pasado a la historia de España como el día en que se aprobó la séptima regularización de personas migrantes. Pero no fue así. El pleno del Congreso rechazó por mayoría aplastante la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el movimiento #RegularizaciónYa y la Coordinadora Obrim Fronteres que, ante la emergencia del coronavirus, pedía la regularización urgente, permanente y sin condiciones de todas las personas extranjeras que viven en España en situación administrativa irregular.
No importó que la propuesta contase con el apoyo político de ocho de los diez grupos parlamentarios del Congreso y el respaldo de 1.500 colectivos, entidades y ONG del país que llevaban trabajando en ella desde marzo. No importó que estemos en medio de una pandemia que puede relegar a cientos de miles de personas sin permiso de trabajo y residencia a una desprotección y vulnerabilidad sanitaria, social y económica aún mayor de la que ya sufren por su situación administrativa. No importó que existiese el precedente regulatorio de Portugal e Italia, los dos países que al principio de la llegada del coronavirus a Europa formalizaron en mayor o menor medida la situación administrativa de su población extranjera. La PNL fue rechazada por 278 votos en contra, 8 abstenciones y 59 votos a favor. ¿El final del camino para el movimiento #RegularizaciónYa? En absoluto.
“No vemos el rechazo de la PNL como una derrota, porque nos ha servido para visibilizar nuestras demandas y reivindicaciones, y mostrar que hay muchas personas en situación administrativa irregular viviendo en condiciones muy difíciles”, cuenta Lamine Saar, uno de los portavoces de #RegularizaciónYa y portavoz también del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona. Saar critica que todas las medidas económicas y sociales puestas en marcha hasta ahora para paliar la crisis desencadenada por la COVID-19 han excluido a las personas extranjeras que no tienen regularizada su situación, a pesar de que también forman parte de la sociedad y aportan a las arcas públicas (a través de los impuestos indirectos). “El Gobierno no está gobernando para todos y no está dejando que paguemos la crisis entre todos”, afirma.
El movimiento está ahora mismo en conversaciones con organizaciones sociales y partidos políticos para decidir cuál va a ser su estrategia a partir de ahora. El objetivo sigue siendo el mismo: la regularización urgente, permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes que están residiendo en España en situación administrativa irregular. Son más de 600.000 personas, según el movimiento, y entre 390.000 y 470.000, según un informe de la fundación porCausa y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Esto supone entre el 7 y el 11 % de los extranjeros del país y apenas entre el 0,83 y el 1.28 % de la población total española.
Beneficiosa por muchos motivos
La regularización, que sería la séptima de la historia de España tras las de 1985, 1991, 1996, 2000 (dos regularizaciones) y 2005, no solo sería beneficiosa por razones sanitarias, sociales, laborales y humanitarias, sino también económicas, explica Lamine Saar. “Los papeles no nos los regalan. Los compramos. Solo la toma de huellas, por ejemplo, son 19 euros y el trámite completo ronda los 300. Es mucho dinero para el Estado”, asegura. De hecho, el informe de porCausa y la UC3M calcula que la contribución fiscal neta tras una regulación migratoria podría llegar a superar los 3.250 euros por año y persona, lo que inyectaría a las arcas públicas de 1.267 a 1.950 millones de euros anuales.
“Sin duda los migrantes somos importantes en el ámbito económico. Pero somos mucho más que eso. El derecho a migrar y a trabajar son derechos fundamentales, derechos básicos, y por eso pedimos esta regularización. Si una persona no tiene derecho a moverse y a trabajar de manera legal, ¿qué le queda?”, se lamenta Saar.
Y es que, como el propio movimiento dice en su sitio web, para que todos y todas salgamos de esta crisis sanitaria, económica y social provocada por la COVID-19 tenemos que hacerlo juntos, en igualdad de condiciones y sin impedimentos o trabas administrativas: “frente al virus que no reconoce fronteras, derribemos las políticas que sitúan en condición de no derecho, racializan e invisibilizan a las personas en situación administrativa irregular, e impulsemos la construcción de una sociedad que ponga la vida en el centro”. Por eso esto no es ni mucho menos el fin de #RegularizaciónYa. Es solo un alto en el camino para alcanzar su objetivo.
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