Desde que a finales de 2019 empezase el brote en la ciudad china de Wuhan, el coronavirus se ha extendido ya por más de 175 países de los cinco continentes, ha contagiado a 783.891 personas y ha dejado 37.759 fallecidos, 8.189 de ellos en España, que ya es el segundo país con más muertos por COVID-19 solo por detrás de Italia (11.591 víctimas mortales) y por delante incluso de la propia China (3.314).
Aunque el virus no distingue ni de fronteras ni de clases sociales, resulta evidente que las personas con menos recursos van a ser las más afectadas y que si no se hace nada por evitarlo, esto tendrá como consecuencia un aumento de la desigualdad social en todo el mundo. La razón reside en esa misma desigualdad: las personas más vulnerables son las más expuestas a contagiarse y al mismo tiempo, las más perjudicadas por los efectos económicos de la pandemia.
«Es en momentos como estos cuando las grandes disparidades en la riqueza parecen tan dolorosamente claras. ¿Quién puede dejar de utilizar metros abarrotados?, ¿quién puede trabajar desde casa y aún así seguir teniendo ingresos?, ¿quién puede abastecerse de medicinas y comida extra?, ¿quiénes tienen ordenadores portátiles en casa para que los niños puedan aprender a distancia?, ¿cómo manejarán el cierre de escuelas las personas que solo cobran si se presentan a trabajar?, ¿qué pasa con la gente con discapacidad?, ¿qué pasa con los padres de niños con necesidades especiales?», se preguntaba en su cuenta de Twitter la colaboradora de The New York Times y profesora de la Universidad de Nueva York Rachel Swarns.
Más precariedad, más riesgo
En efecto, las personas con empleos más precarios, como las que trabajan por horas o las que lo hacen en la creciente economía gig [trabajos cortos y temporales ofertados por empresas en plataformas o aplicaciones y realizados por personas que trabajan para esas empresas como colaboradores independientes], son habitualmente quienes menos pueden teletrabajar o flexibilizar su jornada laboral y, por tanto, quienes también tienen más dificultades para poder cuidar a sus hijos ahora que los centros educativos están cerrados.
Las personas con menos recursos son además las que más recurren al transporte público para sus desplazamientos, lo que aumenta las posibilidades de contagio. «Son las más expuestas al virus y también las que más difícil tienen cuidar de sus familiares dependientes en casa», cuenta a Humanizar la responsable de relaciones institucionales e incidencia política de Oxfam Intermón, Lara Contreras.
También hay que tener en cuenta que las personas de niveles económicos más bajos normalmente poseen peores condiciones de salud y más patologías previas, lo que supone que el virus pueda causarles más complicaciones, nos explica Contreras. Las trabajadoras no cualificadas, por ejemplo, «tienen 2,5 veces más posibilidades de sufrir bronquitis crónica, enfisema y enfermedades pulmonares que las de ocupaciones más altas».
La vivienda también juega en contra para los más vulnerables. Y es que no es lo mismo pasar la cuarentena en un piso interior de 30 metros cuadrados que en un chalet con jardín. «Son las personas con menos recursos las que viven en casas con peores condiciones y más hacinadas», lo que además impide que un miembro de la familia pueda aislarse de manera adecuada si se enferma, como recomiendan las autoridades sanitarias.
Además, estas personas no siempre tienen ordenador e internet en casa. De hecho, dos de cada diez hogares en España no cuentan con un ordenador y uno de cada diez no tiene acceso a internet, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Sin ordenador y sin internet en casa, estas familias no solo están más incomunicadas con su entorno. Tampoco tienen la opción de hacer la compra online para evitar tener que salir de casa y sus hijos lo pasan peor para mantenerse al día con las clases y los deberes virtuales que han implantado los centros escolares, lo que puede dejarles por detrás de sus compañeros.
En Madrid, por ejemplo, uno de cada tres alumnos no puede asistir a las clases online, porque no dispone de ordenador o internet en casa, denuncia el sindicato Comisiones Obreras (CC. OO.) basándose en datos del último informe PISA. Y casi 800.000 hogares y 2,1 millones de personas en toda España sufren situaciones de gran precariedad en la vivienda, según el último informe sobre exclusión y desarrollo social en España de la Fundación Foessa.
Los más vulnerables entre los vulnerables
La situación es todavía más complicada para ciertos grupos. Por ejemplo, el de las personas que han llegado de otros países. En España, casi la mitad de las personas nacidas fuera de nuestras fronteras están en riesgo de pobreza y exclusión social, según un estudio de la Fundación Alternativas. Esto hace que dentro de las personas con menos recursos, los migrantes sean un colectivo especialmente vulnerable y castigado económicamente.
«Muchas de estas personas viven hacinadas y realizan trabajos precarios que quedan más desprotegidos, como las trabajadoras del hogar o los repartidores falsos autónomos. O siguen trabajando con el riesgo a contagiarse o pierden su trabajo sin ninguna protección, ya que muchos de ellos no tienen derecho al desempleo ni posibilidad de pedir una baja», explica Lara Contreras.
En Portugal han querido proteger a su población migrante regularizando de manera exprés a todas las personas que estaban pendientes de autorización de residencia. De esta forma, todos aquellos que ya habían iniciado los trámites de solicitud antes de declararse el estado de emergencia en el país (el 18 de marzo) pueden acceder a los servicios de salud y al subsidio de paro en caso de despido por la epidemia. Tendrán los mismos derechos que cualquier otro ciudadano portugués.
“En estos momentos resulta más importante garantizar los derechos de los más débiles, como es el caso de los inmigrantes. Asegurar el acceso de los ciudadanos migrantes a la salud, a la Seguridad Social, a la estabilidad en el empleo y la vivienda es un deber de una sociedad solidaria en tiempos de crisis», dijo al diario Público el ministro luso de Administración Interna, Eduardo Cabrita.
¿Y qué pasa cuando ni siquiera se tiene una casa para pasar la cuarentena o cuando se es víctima de violencia de género y se tiene que convivir con el maltratador, por ejemplo? En casos como estos, la vulnerabilidad se agrava y el confinamiento se convierte en algo aún más duro. Son los más vulnerables entre los vulnerables.
Las personas sin hogar ̶ unas 40.000 en toda España, según cálculos de Cáritas ̶ «se ven muy expuestas al contagio y tienen muy complicado respetar el confinamiento», señala Contreras, mientras que las mujeres que sufren violencia de género «se ven obligadas a estar encerradas con su agresor con el riesgo que esto supone». Por eso, «ambos colectivos necesitan una atención urgente, necesitan que el Gobierno tome medidas específicas para protegerlos».
¿Y después?
La pandemia del coronavirus es ya la mayor crisis que ha vivido el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Sus consecuencias sociales y económicas son todavía impredecibles y dependerán en gran medida del tiempo que dure la epidemia y de las medidas que se tomen para paliar sus efectos.
Lo que parece claro es que «existe un enorme peligro de que tanto la respuesta como la recuperación de esta crisis incrementen la desigualdad si no aprendemos de los errores y se repiten las medidas de austeridad de la crisis del 2008», apunta Contreras.
Por eso, desde Oxfam Intermón piden que las medidas que se pongan en marcha vayan en la línea de reducir la pobreza y la desigualdad generada por el impacto del virus, y sirvan para que los colectivos más vulnerables reciban cuanto antes la ayuda necesaria.
Reclaman, entre otras cosas, que la Unión Europea actúe unida y de manera solidaria, y que los migrantes estén incluidos en los planes de protección contra el virus y dispongan de información en su idioma. También una renta mínima garantizada que asegure ingresos para todas las personas, un impuesto a la banca y a las transacciones financieras, y más dureza contra los paraísos fiscales. En definitiva, defienden «que la recuperación la paguen quienes más tienen para así reducir el impacto de la crisis en los que menos tienen».
El coronavirus «ya está dejando un impacto diferente según el nivel de renta de las personas», se lamenta Contreras. «Aprendamos de esta crisis que los cuidados y la vida deben estar en el centro de las decisiones políticas».
Laura Sanz-Cruzado
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