El 28 de marzo, dos semanas después de que se decretase el estado de alarma en España a causa del coronavirus, un hombre senegalés en situación administrativa irregular se dirigía a una lavandería de Madrid cuando tuvo un susto con la Policía Local. De acuerdo con su versión, fue parado por una patrulla, llevado a comisaría sin poder hacer preguntas y sancionado por saltarse el confinamiento pese a que las lavanderías eran uno de los establecimientos a los que estaba permitido acudir por aquel entonces. Desde ese día, dice, no volvió a pisar la calle.
El 7 de abril, un joven guineano también en situación irregular cuenta que la Policía Nacional le detuvo de camino a una asociación que repartía alimentos en Madrid. En su versión de lo ocurrido describe el incidente como “muy racista” y explica que desde entonces tampoco quiso salir de su casa. Ese mismo día, pero en Segovia, una mujer colombiana que tampoco tenía su situación legal regularizada acudía a su trabajo como empleada de hogar y cuidadora de dos ancianos cuando, siempre según cuenta ella misma, la Guardia Civil la amenazó con ser deportada y la envió de vuelta a su casa.
Estas son algunas de las situaciones que muchos solicitantes de asilo, refugiados y migrantes dicen haber vivido durante el confinamiento y que les llevaron a no querer salir a la calle bajo ninguna circunstancia, ni siquiera para hacer la compra, ir a la farmacia o acudir al médico. El informe Crisis sanitaria COVID-19: racismo y xenofobia durante el estado de alarma, elaborado por el Equipo de Implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes en España y la ONG Rights International Spain (RIS) a petición de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recoge ahora decenas de estos casos.
El documento denuncia más de 70 “manifestaciones de racismo y xenofobia”, además de “prácticas institucionales discriminatorias” ocurridas por toda España entre el 15 de marzo y el 2 de mayo de 2020, las primeras ocho semanas del estado de alarma. Entre ellas, “paradas policiales por perfil racial, hostigamientos, ataques racistas y discursos de odio” que han afectado sobre todo a personas negras y afrodescendientes, árabe-musulmanas, gitanas, latinoamericanas, y a migrantes especialmente vulnerables, como aquellos con enfermedades mentales, empleadas de hogar y cuidadoras, manteros y vendedores ambulantes, temporeros agrícolas y mujeres víctimas de trata sexual. Y han afectado no solo a migrantes en situación administrativa irregular o a aquellos en proceso de petición de asilo, sino también a los que sí tienen su situación regularizada. De hecho, el documento indica que el 40 % de las personas denunciantes tenían sus papeles en regla. “Tener una situación administrativa regular no exime de sufrir violencia racial”, matizan los autores.
“La violencia policial, el perfilamiento étnico-racial, el racismo institucional y estructural, la explotación laboral de personas afrodescendientes y otros grupos étnico-raciales no solo no se han abordado con eficacia real durante el estado de alarma, sino que han aumentado. La pandemia de la COVID-19 ha dejado claro que no todas las personas disfrutamos de los mismos derechos en igualdad de condiciones y ha puesto de manifiesto su impacto dramático sobre las personas racialmente diversas, no debido a patologías médicas preexistentes, sino a desigualdades en materia de salud, riqueza y vivienda”, lamenta el documento, que señala que la mayoría de las situaciones denunciadas se dieron en la Comunidad de Madrid (40 %), Cataluña/Catalunya (21 %) y el País Vasco/Euskadi (8 %).
Identificaciones por perfil racial y brutalidad policial
El informe señala que SOS Racismo Madrid tiene constancia de que entre el 15 de marzo y el 7 de abril la Policía Nacional realizó en la capital al menos trece identificaciones por perfil racial, una práctica que los autores califican de “endémica en España”. Cuatro de las identificaciones, indican, fueron a jóvenes marroquíes y ocho, a hombres afrodescendientes, todas mientras iban a hacer la compra. Del total de identificados, cuatro se encontraban en situación administrativa irregular y fueron amenazados con ser “expulsados del país en cualquier momento”, según la ONG.
El 70 % de las personas que fueron identificadas están convencidas de que lo fueron debido a su origen étnico, apunta el documento. Y también el 70 % de quienes denunciaron identificaciones por perfil racial asegura haber sido víctima de brutalidad policial tras ser identificada.
Es, por ejemplo, el caso de un joven marroquí que denunció haber sufrido una agresión racista por parte de la Policía de Barcelona. Según su versión de los hechos, salió a la puerta de su casa para disfrutar de un poco de luz natural cuando un agente le gritó “vete a tu casa, puto moro de mierda”. De acuerdo con su denuncia, él contestó con un “gesto recriminatorio” y los agentes respondieron rompiendo a patadas la puerta de su casa, arrinconándole, sujetándole y dándole un puñetazo en el ojo. El joven denunció los hechos en el juzgado de guardia.
En otro caso recogido por SOS Racismo Madrid se asegura que el 27 de marzo varios agentes antidisturbios colocaron contra la pared y apuntaron con metralletas a seis jóvenes afrodescendientes en el barrio madrileño de Lavapiés y que varios policías de paisano también golpearon en el suelo a uno de ellos. La ONG denuncia que un vecino que presenció lo ocurrido trató de intervenir, pero fue expulsado del lugar y amenazado con una multa. Otra vecina del barrio finalmente denunció los hechos.
En Lavapiés también tuvo lugar otra de las actuaciones policiales documentadas en el informe. En esta ocasión, los denunciantes señalan que siete policías nacionales arrestaron a un joven afrodescendiente sin hogar y con problemas mentales que estaba jugando al balón en la calle el mismo día que comenzaba oficialmente el estado de alarma. El chico, asegura el informe, fue reducido “con mucha violencia” y esposado en un vehículo policial, pese a que en los vídeos grabados por los vecinos se ve que no opuso resistencia en ningún momento.
Pero sin duda uno de los casos más mediáticos fue el de un joven magrebí al que la Ertzaintza identificó el 29 de marzo cuando regresaba de una carnicería ubicada en el barrio de San Francisco en Bilbao. La escena, captada en vídeo por una vecina desde un balcón y ampliamente difundida en redes sociales, mostraba al chico siendo reducido sin resistencia alguna y a su madre, que acudió al lugar alertada por los vecinos, tratando de explicar que su hijo sufría un trastorno de salud mental. Madre e hijo fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales, y poco después el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco anunció que investigaría lo ocurrido para determinar si la actuación de los agentes había sido adecuada. No obstante, los autores del documento aseguran que al menos dos vecinos que grabaron y difundieron las imágenes en redes sociales sufrieron acoso e intimidación por parte de la Ertzaintza, y acabaron siendo multados.
“Frente al aumento del racismo durante la crisis sanitaria, la administración pública se ha caracterizado por su silencio y su falta de actuación contundente frente a la violencia policial, el perfilamiento racial, los delitos de odio y el racismo institucional ejercido sobre las personas afrodescendientes y racialmente diversas”, critica el informe.
Abordar la desigualdad para acabar con ella
Y no solo eso. Sabiendo que la población en situación de exclusión y pobreza tiene mayor riesgo de enfermar, las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la pandemia deberían haber incluido, dicen los autores, “cambios estructurales que abordasen las desigualdades en materia de salud y socioeconómicas resultado del racismo estructural que sufren estas personas y de un sistema económico que favorece estas desigualdades”. Pero en lugar de eso, “han evidenciado una ausencia de enfoque de género y racial”. Lo que se necesita de forma urgente son “medidas a corto, medio y largo plazo hacia la eliminación de la discriminación racial”, reclaman.
“Si el coronavirus ha puesto de relieve las debilidades de nuestra democracia y del sistema económico global, ahora estamos en el momento oportuno para reconstruir una sociedad más inclusiva para todos sus miembros, más solidaria, fuerte e igualitaria”, sostiene el informe.
¿Cómo lograrlo? Los autores del documento lo tienen claro. En primer lugar, los líderes políticos deberían reaccionar lo antes posible a los mensajes de odio y racistas derivados de la crisis de la COVID-19, condenándolos y realzando los valores de igualdad contra los que van. Junto a esto, piden que los casos de incitación al odio que puedan constituir un delito se investiguen cuanto antes.
En segundo lugar, exigen reformar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como ley mordaza, para que se prohíban expresamente las identificaciones por perfil étnico; investigar y castigar de forma efectiva los abusos policiales; y no sancionar a quienes graben o difundan imágenes de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
En tercer lugar está la cuestión de la regularización de migrantes, una opción por la que abogan también los más de mil colectivos, entidades y ONG responsables de la campaña #RegularizaciónYa, y que países como Portugal e Italia han llevado a cabo en mayor o menor medida para evitar que cientos de miles de personas migrantes queden desprotegidas frente a las consecuencias del coronavirus. El informe llama a regularizar de manera urgente a extranjeros de todos los sectores laborales y a garantizar los derechos de trabajadores especialmente precarios, como son los temporeros y las empleadas domésticas.
“Si nuestros valores compartidos y fundamentales no se han cumplido en el caso de una parte de la población, el resultado es que seguimos estando en riesgo todos, especialmente las personas pertenecientes a determinados grupos raciales. El Gobierno debe corregir esto, por el bien de toda la ciudadanía”, concluyen.
Laura Sanz-Cruzado
Foto: rawpixel.com
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